Luego de la sanción de la Constitución Nacional en 1853, los sectores que pujaron por el liderazgo de la construcción del estado nacional coincidían en la necesidad de estimular una política inmigratoria que atrajera mano de obra a un país rico en tierras pero pobre en brazos y capitales. Independientemente de los debates en torno a qué tipo de migrantes y de qué regiones de Europa debían estos provenir para colaborar en la construcción de una Argentina próspera, moderna y ordenada, quienes ocuparon los cargos de gobierno no abrigaban dudas sobre la conveniencia de una política inmigratoria amplia, sin restricciones. Esta necesidad y esta política se combinaban con una grave coyuntura europea, donde millones de personas marginadas por procesos socioeconómicos y otros factores de orden cultural y político requerían nuevos horizontes para poder desarrollar sus vidas. Entre esos nuevos horizontes, EEUU, en América del Norte, y Argentina, en América del Sur, se volverían los lugres más escogidos.

    En nuestro país, ciudades como Buenos Aires o Rosario se dio un importante crecimiento poblacional en 1870 en adelante. El paisaje urbano fue cambiando, desordenada pero rápidamente. Miles de migrantes llegaban todos los días, aunque guardaban un importante desequilibrio entre los géneros. Había muchos más hombres que mujeres. Argentina no sólo era el puerto donde podría hallarse la entrada para conseguir un trabajo y una vida digna. Desde fines del siglo XIX, “la cuestión de la trata de blancas”, como se llamó entonces al comercio de mujeres con fines de explotación sexual. Este negocio fue de tal magnitud que en Europa se veía a Buenos Aires como un puerto de mujeres desaparecidas y vírgenes europeas secuestradas para vender su cuerpo.

    La desaparición de estructuras sociales del mundo urbano y rural europeo fue lo que determinó a mujeres y varones judíos a involucrarse con las redes de trata y tráfico de personas. Las primeras lo hicieron en tanto mercancías. Los segundos, como eslabones del tráfico y venta de mujeres. Otra manera que tuvieron estas redes para solidificarse y expandirse fue a través de la oferta de matrimonios por poder: las mujeres eran enviadas a sus futuros esposos que en general, eran proxenetas. Como los casamientos válidos subordinaban a las mujeres a sus maridos, ellos las obligaban a prostituirse para mantenerlos.

    La Asociación Judía para la Protección de Jóvenes y Mujeres, fundada en Londres en 1885, eligió a Buenos Aires como el principal Centro de Tráfico de Mujeres de toda Sudamérica. Pero no eran sólo personas judeo-polacas quienes manejaban las principales redes de prostitución. También los franceses estuvieron profundamente involucrados. Los grupos ingleses se convirtieron en los principales opositores no judíos a la trata “de blancas”. En 1875 se organizó en Liverpool el Primer Congreso Internacional contra la Trata. En este los planteos giraron en torno a la vulnerabilidad femenina y la inmoralidad social.

    A partir de 1875, la prostitución fue legal en Buenos Aires. En 1853 la Constitución Nacional había abolido cualquier vestigio de esclavitud o discriminación hacia la población afro-descendiente pero el código civil restringió los derechos de las mujeres a tal nivel que hasta la sanción de la ley de Alfredo Palacios en 1913, no se consideró que los jefes de familia que obligaran a ejercer la prostitución a sus mujeres cometieran algún delito que afectara sus derechos de patria potestad.